Puntos de Vista

“El PRI es más calderonista que Felipe Calderón…”

(Exonline / FRANCISCO GARFIAS)

Lo que hay que ver y escuchar en San Lázaro. Dice el diputado del PAN Jorge Triana que “el PRI es más calderonista que Felipe Calderón”, en materia de combate al crimen organizado.

Hizo su pronunciamiento en el marco del debate sobre la Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en labores que les corresponden a las policías.

El dictamen fue aprobado ayer en San Lázaro por 204 votos a favor, emitidos por el PRI, PVEM, PES, Nueva Alianza, y 14 del PAN.

La bancada del PAN —109 diputados— votó dividida.

Fueron 17 los azules que se plegaron a la consigna del Frente Ciudadano por México y votaron en contra, con el argumento de que viola la Constitución.

Otros 14 diputados del azul lo hicieron a favor. Son de  estados con fuerte presencia del crimen organizado: Baja California Sur y Tamaulipas. Pero también de Querétaro, la tierra de Ricardo Anaya.

Los gobernadores de esos estados se movieron para apoyar la ley.

El resto del grupo blanquiazul se abstuvo o no votó.

La diputada panista Claudia Sánchez Juárez, del Estado de México, fue de las que votó a favor. ¿Qué le convenció del dictamen?, le preguntaron.

“Los elementos del Ejército también son personas. Tenemos que voltear a verlos. Nuestra responsabilidad es velar por ellos”, respondió.

La iniciativa ya fue enviada al Senado como minuta. Era reclamada públicamente por el presidente Peña y con más ahínco por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

El general secretario está  convencido de que la ausencia de un marco jurídico que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de policía deja sin protección legal a soldados y marinos que arriesgan su vida en el combate a la delincuencia organizada.

El Frente Ciudadano por México, por el contrario, considera que la ley violenta la Constitución al “legalizar lo ilegalizable” y “perpetuar lo que debe ser temporal”, para usar los términos del diputado del PRD Agustín Basave.

El dictamen fue repudiado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que ayer se hicieron presentes en el Palacio Legislativo para condenar a los diputados que apoyaron. Los llamaron “¡cobardes!” y “¡golpistas!”.

En el debate se hicieron cantidad de afirmaciones derivadas de interpretaciones intencionadas de la ley.

La más insistente: que las Fuerzas Armadas podrán reprimir protestas sociales que no sean pacíficas, pero también que se busca la “militarización” del país, y que propicia la violación de los derechos humanos.

El arranque del larguísimo debate en el Pleno —más de cinco horas— tuvo un sesgo emblemático.

El dictamen fue fundamentado ante el Pleno por la diputada del PRI Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana del subcomandante Marcos, el mero mero del EZLN en Chiapas.

Guillén Vicente es presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara baja.

La legisladora tamaulipeca dejó claro que el dictamen no significa la militarización del país.

“Toda intervención está sujeta a una temporalidad específica que no puede exceder de un año y únicamente podrá prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República”, dijo.

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior se realizará sólo cuando la gravedad de la situación lo amerite “y como último recurso”, subrayó.

Para atrás en el tiempo. Diciembre de 2006. Inicia el sexenio de Felipe Calderón. El entonces Presidente de la República declara formalmente la guerra al crimen organizado. Lanzó a la calle a las Fuerzas Armadas sin poner reglas ni marcar límites.

Aparece en fotos vestido de soldado y rodeado de oficiales. La imagen simbolizaba la determinación del nuevo mandatario para eliminar las organizaciones del crimen organizado.

La guerra al narco no terminó con el sexenio de Felipe.

Los soldados no volvieron a sus cuarteles con la llegada del presidente Peña, a pesar de su rechazo a realizar tareas que les corresponden a las policías.

Se mantienen en las calles y, tanto la población, como gobernadores y alcaldes en los estados piden, suplican, que incrementen su presencia. Saben que “si los verdes” se van, quedan a merced de las poderosas bandas del crimen organizado.

La cifra real de las víctimas de esta “guerra” nadie la tiene. Los cálculos andan en los 170 mil muertos y 25 mil desaparecidos. El luto es la divisa en estados como Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua…

La Ley de Seguridad Interior se aprobó en San Lázaro al final del año más violento en décadas. Sólo en octubre de 2017 se cometió en México un homicidio doloso cada 16 minutos con nueve segundos, según el Observatorio Ciudadano.

El macabro conteo suma, hasta octubre, alrededor de 23 mil muertos. Eso lo convirtió ya en el año más violento desde 1997.

Y aún faltan los números de noviembre y diciembre.

¿A qué se debe el repunte de la violencia?, preguntamos a un experto en seguridad, otrora hombre importante en el Cisen y luego en la Comisión Nacional de Seguridad.

“La falta de compromiso de los gobernadores”, respondió de bote pronto.

El experto mencionó otros poderosos motivos: el incremento significativo en la importación de armas, la disputa de los cárteles por el mercado de drogas y el sólido vínculo de la Asociación del Rifle con el Partido Republicano en Estados Unidos, que eliminó el decreto que prohibía la venta de armas de asalto.

 

El también exfuncionario manifestó su satisfacción por el hecho de que fue rechazada la iniciativa de mando mixto. “Eso puede ayudar a que se apruebe el mando único”, puntualizó.