Puntos de Vista

Dilemas del INE y del TEPJF

(Exonline / JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH)

Si las elecciones de 2017 han sido una prueba difícil de superar para el sistema electoral, las impugnaciones y el conflicto en tribunales abren profundos dilemas para el INE y TEPJF. En la investigación de los casos de Edomex y Coahuila se juegan parte del capital político para actuar con credibilidad y legitimar a las urnas frente a la polarización de un explosivo relevo presidencial de 2018. El mayor riesgo es que la debilidad y omisiones del arbitraje alimenten la rijosidad de la contienda y permitan que las “razones políticas” se impongan sobre las decisiones jurídicas.

De resolver los recursos en esos estados con criterios laxos (o políticos) en favor de los candidatos vencedores del PRI en esos estados, la desconfianza en las oposiciones se extenderá más allá de los órganos estatales sobre el sistema electoral en su conjunto y se convalidará la idea de que su capacidad para asegurar elecciones limpias, equitativas y justicia electoral se agota. Pero si actúan con firmeza y decisión implacable, por ejemplo en la fiscalización de los gastos de campaña, la presión del Gobierno y el PRI resultaría muy difícil de aguantar, aunque sería la forma de recuperar algo del capital perdido.

Sus limitaciones para frenar el juego sucio y luego desestimar las denuncias de fraude de la oposición, como no se veía desde hace años, han colocado al árbitro en situación de elegir entre dos opciones igualmente malas. Pero aún, de poner en evidencia que sucesivas reformas electorales para asegurar la autonomía de las instituciones electorales y neutralizar la presión de gobiernos, partidos y caciques políticos locales, son aún asignatura pendiente. Los comicios de 2017 han puesto en entredicho el sueño de que las reformas electorales conducirían a exorcizar la cultura del fraude, la falta de lealtad de los partidos con las reglas de juego de la competencia y que alejarían al sistema electoral de las presiones e interferencia de presiones políticas. Ese fue el objetivo de la última de 2014, que el PAN impulsara para quitar los comicios del control de los gobernadores.

Ahora, el regreso de viejas prácticas de la cultura del fraude de como compra y coacción del voto o de otros de delitos de corrupción electoral, como rebase de gastos de campaña, elevan la vara a la autoridad para legitimar a las urnas. Al punto de que su actuación ahora depende de aceptar una involución del juego democrático. Una gran responsabilidad que, además, encuentra a la justicia electoral en situación muy delicada por el juicio de inconstitucionalidad a 4 de 9 magistrados por vicios de origen en su nombramiento.

Los partidos llevan al tribunal impugnaciones sobre rebase de gastos en Edomex, que de acuerdo con la ley podría anularse si el ganador supera 5% los topes, por vulnerarse la equidad en la contienda. Por lo que respecta a Coahuila, el reclamo de anular la elección descansa en delitos tan arcaicos como violar urnas o el funcionamiento “atípico” del conteo. El INE tiene responsabilidad de supervisar a los órganos locales desde la reforma de 2014. Sería catastrófico llegar a 2018 sin certeza en el conteo de votos, el cómputo y los instrumentos para difundir los resultados.

 

No obstante, el mayor peso de la duda está en el tribunal. El Pemexgate y Amigos de Fox pusieron a prueba el diseño para fiscalizar exhaustivamente el financiamiento de las campañas en el 2000 y las sanciones “históricas” al PRI y a la Coalición por el Cambio redundaron en un fortalecimiento de la Justicia Electoral. Desde la reforma de 2014, incluso, violar topes de gasto de campaña es causal de nulidad. Desde luego, los partidos deberán probar las denuncias de irregularidades, pero, sin duda, cumplir con los principios de certeza, imparcialidad y autonomía corresponde a los consejeros y magistrados al frente de las instituciones electorales. A más de una década de distancia, ese sigue siendo hoy su reto.